Declaración Pública
El Gobierno Propone una Reforma de Pensiones a Medias:
El Estado Continúa Pagando las Pensiones de los Pobres.
La Clase Media Permanece a Merced de las AFP, con Pensiones Inciertas e Inferiores a las del Sistema Antiguo.
Los Grandes Conglomerados Financieros Continúan Apoderándose del Ahorro Forzoso de los Chilenos.
El Gobierno de la Presidenta Bachelet, cumpliendo con lo prometido en su programa de gobierno, ha presentado un proyecto de ley con un amplio plan de reforma del sistema previsional. Al cabo de un cuarto de siglo, éste se ha demostrado incapaz de ofrecer pensiones dignas a los chilenos. Según la reforma propuesta, el Estado otorgará una pensión básica a la mayoría de los afiliados al sistema, cuya capacidad de ahorro es insuficiente. No se toca, sin embargo, el mecanismo de capitalización individual, que se mantiene como pilar único de las pensiones de la clase media, las que continúan igual que ahora, inciertas y de montos muy inferiores a las que otorga todavía a algunos el antiguo sistema de reparto. Las más perjudicadas continúan siendo las mujeres. Por otra parte, los tímidos cambios anunciados al sistema de administración de pensiones no lo modifican tampoco en lo fundamental, puesto que se obliga a los chilenos a continuar afiliados a una AFP. Incluso, éstas adquieren todavía mayor discrecionalidad en el manejo de los fondos de pensiones.
La pensión básica propuesta es de $75.000 mensuales, similar a la actual pensión mínima, y cuyos únicos requisitos son haber cumplido 65 años y pertenecer al 60% de menores ingresos de la población. La misma se otorgará, de modo decreciente, a todos quienes perciban pensiones AFP inferiores a $200.000 mensuales. Se ha anunciado un calendario de pago que se inicia el 2008 y culmina el 2012. Una propuesta similar a ésta, con menos requisitos, fue presentada por CENDA a la Comisión de Reforma Previsional, y la misma puede aliviar la situación de la mayoría de los afiliados a las AFP, quienes estaban condenados a no recibir pensión alguna, o muy exigua. No se aprecian motivos, sin embargo, para postergar por varios años la plena puesta en marcha de esta medida, la que perfectamente puede entrar en vigencia a partir del 2007. Parece inadecuado, asimismo, mantener la obligación de demostrar pobreza para tener derecho a recibirla. Si se quiere poner un límite, que se haga por arriba. Es decir, en lugar de forzar a los que poseen menos a la indignidad de demostrarlo, que se excluya a los más adinerados, permitiéndoles apelar si no lo son tanto como parecen. Tampoco hay motivo para que se amente por esta vía indirecta, a 65 años, la edad de jubilar a las mujeres, que tienen hoy día derecho a jubilar a los 60 años.
El establecimiento de la pensión básica, y la estimación de sus beneficiarios en más de un millón de personas, significa que el Estado reconoce que el sistema de AFP no es capaz de otorgar pensiones mínimas a la abrumadora mayoría de los adultos mayores, los cuales son en la actualidad un poco más de un millón y medio de personas. La privatización del sistema previsional, ha significado que, a partir de 1981, el Estado ha debido asumir, con sus propios recursos, el pago de todas las pensiones, incluyendo aquellas pocas pagadas por las AFP, las que se han financiado íntegramente con subsidios públicos. La reforma asume que esta situación se prolongará en buena medida, indefinidamente en el tiempo.
La reforma no toca el sistema de capitalización individual. Dicho mecanismo continúa siendo el único pilar sobre el cual descansan la previsión de quienes aspiran a pensiones superiores a $200.000 mensuales. Ello significa que la clase media asalariada continúa con pensiones de monto incierto, y muy inferior a las que todavía otorga el sistema antiguo, especialmente en el caso de las mujeres. Según lo demuestra la estimación de su propia AFP, una mujer que ha cotizado sin pausa a partir de 1981, por la remuneración tope imponible de 60 UF, puede aspirar al cumplir 60 años a una pensión de $460.000 al mes. De haber permanecido en el sistema antiguo, dicha mujer habría jubilado con la pensión pública tope, que actualmente es de $880.000 mensuales. Por lo tanto, el daño previsional inferido por el cambio al sistema de AFP es del orden del 100% de su pensión. Si este es el caso de una persona que ha cotizado sin pausas y por el tope – menos del 1% de los afiliados se encuentra en esta situación -, es fácil imaginar cual es el daño de quienes han cotizado por montos inferiores y con algunas lagunas. La reforma no cambia en nada la situación de esta mujer, ni la de millones de personas cuyos derechos previsionales han sido cercenados de este modo por la privatización del sistema previsional en Chile. Su situación se agravará cuando sobrevenga un “crash” en las bolsas de comercio donde las AFP han invertido los fondos de pensiones, o se produzcan fluctuaciones de las tasas de interés internacionales. Ambas circunstancias, como se sabe, se producen con cierta periodicidad, de modo inevitable.
La condición mínima para que la reforma en curso adquiera legitimidad duradera consiste en reparar el daño previsional, es decir, igualar las pensiones otorgadas por las AFP a las que ofrece el sistema antiguo. Ello es posible si se restablece gradualmente el sistema de reparto, destinando parte de las cotizaciones previsionales al destino del cual nunca debieron desviarse: a pagar pensiones. Como han pedido los presidentes de la ANEF y la CUT en la ceremonia de presentación del proyecto de ley, el daño previsional debe ser corregido, restableciendo las cotizaciones patronales a un fondo de reparto, solidario. Ello permitirá igualar hoy las pensiones AFP a las del sistema antiguo, mantener el derecho de las mujeres a jubilar a los 60 con pensiones similares a los hombres los 65, y ofrecer a todos pensiones definidas y crecientes hacia el futuro. CENDA ha presentado a la Comisión de Reforma un detallado estudio que demuestra la factibilidad de esta medida. La misma debe ser implementada ahora.
Las propuestas para corregir los abusos de las AFP son cosméticas e insuficientes. Se continúa forzando a los chilenos a afiliarse a una AFP, aunque ahora se abre la posibilidad que el Banco del Estado administre una de ellas. No se han fijado topes a las comisiones, ni tampoco se han acogido las propuestas de CENDA y otras instituciones a la Comisión de Reforma, que sugerían establecer un sistema de administración de pensiones similar al que existe en Suecia. En ese país, todos están afiliados al instituto estatal de previsión, el que percibe las cotizaciones y paga las pensiones y otros beneficios, y al mismo tiempo arbitra un sistema de administración de fondos de pensiones en el cual participan más de 600 administradoras, a un costo muy reducido. La reforma en curso sugiere centralizar en el Estado la contratación de los seguros de invalidez y sobrevivencia, lo cual parece positivo. ¿Por que no se hizo lo mismo con la admnistración de los fondos de pensiones? Hay una propuesta de hacerlo, pero solo para los afiliados nuevos, y en este caso también se entregan los afiliados a las AFP, en lugar de mantenerlos afiliados al instituto del Estado. Muy por el contrario, se ha ampliado la discrecionalidad de las AFP para invertir los fondos de pensiones, incluso para mantener en el extranjero el 80% de los mismos. Ello es altamente riesgoso e inconveniente para la economía del país.
Los chilenos deben recordar cual ha sido el balance de la privatización del sistema previsional. Entre 1990 y 2005, se les han descontado 23 billones de pesos (millones de millones de pesos del 2005) a sus salarios con este objeto. Ello equivale a un 40% del PIB del 2005. En el mismo lapso, las AFP pagaron algunas pensiones y otros beneficios, por un monto total de 4.4 billones de pesos, sin embargo, los financiaron íntegramente con subsidios fiscales, principalmente bonos de reconocimiento, los que sumaron esa misma cantidad. Una quinta parte de los 23 billones cotizados, es decir, más de 5 billones de pesos, fueron a parar a los bolsillos de las AFP y sus compañías de seguros relacionadas, en forma de comisiones. El resto, más los intereses ganados en el período, conforman los fondos de pensiones. Sin embargo ¿donde se encuentran hoy día estos fondos? Más de la mitad de los mismos, están en manos de 12 grandes conglomerados privados – entre ellos los dueños de las propias AFP -, que operan en el país, y de 8 fondos de inversión en el extranjero. Los han recibido en préstamo, o como capital accionario, y no existe garantía alguna que los restituyan, como no sea su solvencia, la cual, como se sabe, es siempre relativa. Estos conglomerados, y las propias AFP, han sido los reales beneficiarios del ahorro forzoso de los chilenos.
Esta situación no cambia en lo más mínimo con la reforma en curso.
Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, CENDA
Santiago de Chile,
16 de Diciembre 2006
